lunes, 16 de mayo de 2011












EL NARCOMENUDEO

El narcomenudeo
El narcomenudeo o comercio de drogas ilícitas en pequeña escala, es una actividad ilícita originada con la prohibición de las drogas, a principios del siglo XX. Dicha prohibición y los intentos de controlarlas mediante leyes coinciden con la secularización de las prácticas culturales y la organización urbana de la vida social. La justificación del control se basó, principalmente, en dos perspectivas: la económica y la médica. Acerca de la primera, Thoumi menciona que cuando la sociedad se industrializó, las necesidades propias de la organización y la producción manufacturera hicieron de las drogas un obstáculo para la productividad. En México, la perspectiva médica tuvo mayor peso en el debate sobre la legislación antidroga.
En este momento el narcotráfico no representa una amenaza para la seguridad nacional el problema más grave a corto y mediano plazos para la población del país está en el narcomenudeo, afirmó el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Daniel Cabeza de Vaca Hernández.
Sin embargo, consideró que si "realmente se quiere enfrentar la delincuencia organizada, y conservar a la PGR como el organismo responsable de ese combate, requiere de más atribuciones", a fin de contar de manera rápida con información del sistema financiero nacional para avanzar en las investigaciones de lavado de dinero, porque hay peticiones que "tardan seis meses en ser atendidas".
A cinco meses de haber asumido el cargo de procurador general, Cabeza de Vaca Hernández se encontró con el hecho de que más de mil averiguaciones previas iniciadas por delitos contra la salud, que involucran a miembros de cárteles, están rezagadas.
Aseguró que "la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) está saturada de trabajo, tiene muy poca gente, y ello ha ocasionado el rezago. Por ello se le está apoyando a la SIEDO con más agentes del Ministerio Público".
En ese contexto, expresó a La Jornada que el consumo de enervantes en México debe observarse como un "problema más difícil de vencer" que el gran tráfico de drogas, porque esto último "es un problema de delincuencia del cual el Estado siempre saldrá adelante y (a los capos) los controlará, porque somos muchos más todos los mexicanos, que un puñado de delincuentes".
Aseguró que "el narcotráfico de gran escala no es problema de seguridad nacional; creo que lo más grave es el narcomenudeo, y por ello los tres niveles de gobierno debemos convocar a la sociedad para trabajar juntos contra este flagelo".
Respecto del narcomenudeo, el pasado 12 de septiembre, durante un encuentro con reporteros, señaló que el enfoque de la PGR no es "ir por charalitos y dejar a los tiburones; pero se debe considerar que el narcomenudeo es uno de los delitos que más resiente nuestra población".
Agregó que "cuando se habla de narcomenudeo hay que distinguir claramente entre lo que son los adictos y los vendedores, ya que los primeros no son sujetos a una sanción penal", y por esa razón la PGR ha puesto en marcha un programa para canalizarlos a instituciones donde se les rehabilite.
Destacó, entonces, que para combatir este consumo se está buscando que las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN) ataquen a los pequeños y medianos distribuidores, lo que ha permitido decomisar en los meses recientes más de tres toneladas de droga.
"Creo que es un mecanismo muy exitoso, porque combate de manera directa lo que hace más daño a nuestra población, y eso de ninguna manera quiere decir que estemos abandonando la lucha de los grandes (capos), simplemente estamos organizando esfuerzos."
Consideró que el problema del tráfico y consumo de drogas en México "ha evolucionado y no es ahorita, igual que en 2000, y mucho menos como en los 80. En los 80 éramos un país de tráfico, ahorita somos un país de consumo, esa es la razón principal por la cual también se combate al narcomenudeo.
"Pero eso también implica flujo de recursos de forma diferente, porque ya vemos cómo también hay grupos que hacen el famoso pago en especie, y esa es la droga que circula en nuestras calles y que envenena a nuestra gente y genera recursos. Entonces, la forma de combatir este delito tiene que cambiar.
"No podemos actuar con las mismas estructuras que teníamos hace 10 o 15 años. La procuraduría necesita también adaptarse a esas situaciones y es donde nosotros estamos platicando con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para tener nuevas herramientas, nuevas posibilidades, y requiere capacidad para poderlo determinar técnicamente si existe lavado de dinero."

El narcomenudeo en la ciudad de México creció 450 por ciento de 2002 a la fecha, aseguró la presidenta de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Maricela Contreras Julián, quien destacó que ante ese panorama el pleno de este órgano legislativo deberá aprobar una serie de reformas legales para que las autoridades capitalinas tengan ya la facultad de conocer, perseguir y sancionar ese ilícito.
La legisladora perredista añadió que cifras de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital detallan también que tan sólo de 2009 a 2010 se tuvo un aumento de 29 por ciento en los casos de personas relacionadas con el narcomenudeo.
Según esas estadísticas, en el periodo en mención se detuvo a 10 mil 780 personas relacionadas con posesión, consumo o venta de drogas en el DF, en tanto que las delegaciones políticas que concentran los mayores puntos de venta de algún tipo de sustancia ilícita, sobre todo mediante las conocidas tienditas, son Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.
Frente a esa situación, Maricela Contreras informó que es muy probable que en la sesión ordinaria de hoy del pleno de la ALDF pudiera incluirse en el orden del día la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de reformas a las leyes de Salud, y Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del DF para que tengan atribuciones plenas para perseguir y sancionar el mencionado ilícito.
Detalló que en el dictamen se incluyen adecuaciones al marco jurídico del Distrito Federal para que los juzgados penales y de justicia para adolescentes tengan la facultad de conocer de los delitos en materia de narcomenudeo, además de que las autoridades de salud deberán coordinarse con la Federación en el desarrollo de acciones de prevención y atención de la farmacodependencia y se dé prioridad al enfoque preventivo, “antes que la criminalización”.
También se fijan condiciones para la entrada en vigor de esas reformas. Una es que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal conocerá de ese tipo de delitos hasta que el Congreso de la Unión realice los ajustes respectivos a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia local, y la otra es que se asigne presupuesto por parte de la Federación y de la Asamblea Legislativa.
El narcomenudeo es un cáncer que esta creciendo día a día con mayor fuerza. Es un mercado que cada día tiene mayores ganancias y que es difícil que se frene. Las autoridades solo hablan del tema pero con los hechos se ve que no quieren que este negocio se les venga abajo. Creo que los atentados y los asesinatos que han ocurrido en el estado están ligados al tema del narcotráfico.


Ningún presidente mexicano había enfrentado a un poder con el salvajismo y la fuerza que ha adquirido el narcotráfico. Si bien los cárteles de la droga existen desde hace sexenios, el fenómeno ha adquirido nuevas características que lo hacen una amenaza puntual para la estabilidad política y social. Nunca como ahora el narcotráfico se había hecho tan presente en tantos territorios de la vida nacional, y no sólo en términos geográficos. Poco a poco han tomado el control de las cárceles del país, han logrado amedrentar a la mayor parte de los medios de comunicación, y han hecho del narcomenudeo la actividad económica de mayor crecimiento en México. A falta de espacio, convendría detenerse, al menos, en este último fenómeno.
Como es sabido desde hace años se utiliza la droga como una especie de moneda para pagar a todos los responsables del tráfico a lo largo de la cadena que se origina en Colombia o en las sierras mexicanas, y termina en Estados Unidos. Poco a poco los narcotraficantes mexicanos han generado un mercado local para colocar esta droga, particularmente entre los jóvenes. Según datos de la Secretaría de Educación Pública recopilados en el año 2005, el 15.2 por ciento de los jóvenes del Distrito Federal, entre los 12 y los 17 años de edad han consumido drogas por lo menos una vez en su vida; índice que en 1998 era del 11.5 por ciento.
Consecuentemente el narcomenudeo ha venido creciendo en nuestras ciudades. Un reporte de la PGR de fines de 2006, aseguraba que su tasa de crecimiento es de alrededor de 20 por ciento al año, muy superior a cualquier otra “rama” de la economía formal e informal. Además de cuantitativo, el problema con el narcomenudeo es cualitativo. Se trata de una actividad que termina por descomponer una parte del tejido social, toda vez que requiere de la complicidad de muchos miembros de la comunidad: autoridades de barrio, maestros y directores de escuela, policía municipal, comerciantes locales (papelerías, abarrotes y tortillerías), vendedores ambulantes. Es decir, el corazón mismo de los barrios y las colonias urbanas. En ese sentido, la capacidad del dinero de la droga para corromper a las policías y las autoridades se ha hecho exponencial, pues ha descendido hasta alcanzar las bases, al policía de barrio. Antes de la aparición del narcomenudeo, el narcotráfico era algo que sucedía entre el crimen organizado y las policías, dejando aparentemente intocada al resto de la sociedad. La desestabilización sólo alcanzaba las zonas geográficas de producción de marihuana y los circuitos tráfico (frontera, mayormente). Esto ha cambiado y, peor aún, es un fenómeno en ascenso.
Por otra parte, la lucha entre los carteles por hacerse del control del barrio, ha comenzado a generar comportamientos típicos de crimen sindicalizado de los años treinta en Estados Unidos. Los distintos grupos se disputan los territorios en cada colonia popular y los circuitos comerciales para colocar la droga. A su vez esto ha generado “sindicatos” que cobran por la protección a las redes y comercios en que se distribuye la mercancía.
En muchos barrios “bravos” de las grandes ciudades (como Tepito en México, o Analco en Guadalajara), los comerciantes formales e informales han terminado por pagar cuotas de protección a grupos criminales, porque ellos garantizan mejor la seguridad que la policía local. Y no sólo se trata de los comerciantes de mercancías ilegales. En Tamaulipas el crimen organizado comenzó cobrando “derecho de piso” a otros delincuentes, para terminar exigiendo cuotas de protección al comercio legal. En esa entidad, comandos armados han atacado casas de apuesta en Nuevo Laredo, Tampico y Reynosa, para exigir después la consiguiente cuota de protección.
Otro fenómeno creciente es la extensión de los territorios “tomados” por el narcotráfico. Cada sexenio surgen nuevos territorios cuyos gobernadores se declaran desbordados e incapaces ante el fenómeno. En los últimos meses de este año, los gobernadores de Michoacán (Lázaro Cárdenas), Guerrero (Zeferino Torreblanca) y Quintana Roo (Félix González) habían solicitado la intervención federal ante la fuerza y brutalidad del crimen organizado, y la incapacidad de los poderes locales para combatirlo. El problema es que tampoco el gobierno federal ha hecho gran cosa para contrarrestarlo. Quizá por ello, en octubre el secretario general de gobierno de Nuevo León hizo una declaración políticamente incorrecta pero sincera: “hasta que algún cartel vuelva a ser el dominante en la plaza terminarán la ejecuciones”. Poco menos que una petición de parte para que el crimen organizado resolviera lo que el Estado no ha podido solucionar. Justamente lo que “La Familia” en Michoacán ha prometido hacer.
Todavía es muy temprano para hacer un balance del operativo desarrollado en Michoacán, con la participación de 7 mil elementos de las policías federales. El escaso número de personas detenidas y el hecho de que en su mayoría se trate de campesinos que cuidaban sembradíos, lleva a pensar que el operativo tenía más un propósito “propagandístico” que práctico. El gobierno de Calderón no podía dejar pasar más tiempo sin actuar frente a la provocación de cárteles como el de “La Familia”. La ocupación de Michoacán fue una de las señales que el Presidente envió al país para indicar que ya existía autoridad en México. Pero el efecto de mediano plazo será mínimo. La “Operación Cóndor” de los años setenta en Sinaloa simplemente provocó que los capos se establecieran en Guadalajara y con el tiempo las sierras sinaloenses volvieran a incorporarse a la producción de plantíos.
El aumento brutal del número de ejecutados en el año 2006 (casi tres mil en el país) obedece a la disputa por el control del mercado del narcomenudeo entre las distintas organizaciones. En los años ochentas y noventas estas ejecuciones respondían a la lucha entre los carteles por el control de la producción y por los canales de distribución a Estados Unidos; hoy se disputan las calles y las escuelas. Un cáncer que parece haber superado cualquier remedio al alcance del Estado mexicano.


Las armas con las que lo mataron son comunes y corrientes para un  grupo de mexicanos: rifles de asalto AR 15 y 7.62 (una variante de la AK47) conocida como mata policías.
A Torre Cantú lo asesinaron con armas parecidas a las que se utilizaron en las emboscadas de Oaxaca y Michoacán, y a las que se emplearon en la masacre de Villas Salvárcar.
Son rifles y pistolas semejantes a las que se usan para matar policías, soldados o niños inocentes. Balas y ametralladoras como las que ensordecieron Tubutama, hace un par de semanas, en donde murieron 27 pistoleros.
Los mexicanos se matan entre si, con armas de distintos pesos y dimensiones, versátiles, lesivas, de corto y largo alcance, de precisión y gran volumen de fuego.
Se matan con pistolas y rifles de calibres 9 milímetros, 223 o los”barret”,  de calibre 50, capaces de atravesar blindajes.
Todas esas armas, que se cuentan por millones, tan modernas, tan variadas y tan mortíferas, tienen un origen común: Estados Unidos.
De allá provienen  las pistolas “five seven”, que por las cualidades de su munición, subsónicas, trazadoras y de penetración, son capaces de atravesar los blindajes más resistentes.
Del norte llegan las más sorprendentes armas de guerra, cortas y largas; los fusiles de asalto, las ametralladoras, las subametralladoras calibre 5.7 x 28; las granadas, los lanzagranadas y lanzacohetes antitanque, de distintos calibres.
El último informe de la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDD), asegura que alrededor de 20 mil armas de fuego pasan todos los años, de forma ilegal, de Estados Unidos a México.

Por supuesto que ese armamento, cuyo valor ronda los 20 millones de dólares, entra de contrabando.  El informe de la ONUDD estima que en México existen unos 10 millones de estos artículos, suficientes para proveer a uno de cada tres hombres adultos.
Con esos millones de armas se libra la cruenta batalla entre los  narcotraficantes y el Gobierno, que desde su inicio, el 3 de enero del 2007, a la fecha, ha dejado más de 23 mil muertos.
A pesar de los ruegos del gobierno mexicano al estadounidense, las armas no han dejado de cruzar del norte al sur. No hay forma de frenar un negocio tan extraordinario, una industria que deja utilidades equiparables a la venta de drogas e hidrocarburos.
Un negocio que fue avalado por el Tribunal Supremo, el pasado 28 de junio, cuando declaró que el control de armas en Estados Unidos es inconstitucional.
Así de fácil lo decretó el máximo tribunal. Cualquier ley que prohíba la compra o la posesión de armas, choca frontalmente con la Segunda Enmienda de la constitución estadounidense, de 1791:
“Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas”.
La decisión del tribunal les garantiza a los estadounidenses todo el respaldo para defenderse por sí mismos, sin que el Estado tenga plenamente el monopolio de la violencia, lo que tiene felices a los fabricantes de armas.
Libremente  se seguirán comercializando los lanzagranadas, lanzacohetes, “bazucas” y demás  armas sofisticadas, que los traficantes revenden a los mexicanos para que se sigan matando entre ellos.
avalado por los industriales de la muerte, es imposible ganarle la guerra a las organizaciones criminales, que se financian con el multimillonario negocio de las drogas. Con un mercado de armamento  respaldado por la Constitución de los Estados Unidos y avalado por los industriales de la muerte, es imposible ganarle la guerra a las organizaciones criminales, que se financian con el multimillonario negocio de las drogas.